Mundodehoy.com.- Con autorización expresa de su autor Julián Mora Aliseda, nos permitimos reproducir el artículo “LOS INCENDIOS Y LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL BOSQUE”, publicado en el diario Hoy.es
Ahora, con más calma, tras el pavoroso incendio de la Sierra de Gata, es el momento de reflexionar sobre el tema, aunque todavía estamos en verano y el riesgo no está totalmente conjurado.
Extremadura tiene las dos provincias con mayor extensión forestal de España, con 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi 500.000 han sido repobladas en los últimos 20 años (10 veces más de lo que se ha quemado en el mismo período), con la aplicación de la PAC. Eso significa que corresponden dos hectáreas de bosque a cada extremeño, más extensión que a nadie de la Unión Europea. En total se estima que Extremadura posee 600 millones de árboles, 550 por habitante, frente a una media nacional de 110 árboles.
A su vez, lo anterior se traduce en el hecho de que Extremadura contenga el menor porcentaje de Europa de superficie artificial (0,7%). O sea que tiene la mejor situación ambiental desde hace dos siglos. Pero los riesgos de incendios amenazan a las zonas boscosas cada verano y eso hay que corregirlo con urgencia.
Ya advertí hace años sobre la necesidad de integrar la política forestal en una dimensión territorial más amplia, puesto que en el monte confluyen aspectos ambientales, sociales, demográficos, económicos y culturales que interactúan mutuamente. Señalaba, también, que en Extremadura, paradójicamente, la Conservación está ligada directamente a la producción en el mundo rural que, sin actividad y sin rentabilidad, pierde biodiversidad (es un paisaje antropizado) y se hace más frágil frente las amenazas de todo tipo.
Lo que viene ocurriendo con los bosques en las últimas décadas debe servir para reorientar las políticas territoriales convencionales. Salvar al monte sobre la base de compatibilizar conservación y desarrollo, sin despreciar el conocimiento empírico rural que se ha sustituido por un fundamentalismo nefasto, con resultados de tragedia.
Muchos grupos ecologistas, desde la ignorancia o interés espurio, han afirmado que la causa del incendio de la Sierra de Gata está en la recién aprobada Ley de Montes (20 julio de 2015) que permite la recalificación del suelo quemado para poder construir. Es radicalmente falso que el origen se encuentre en esta ley por dos motivos: a) entrará en vigor el 20 de octubre (a la superficie quemada hasta esa fecha no le afecta esta normativa); b) la recalificación que permite pasar a Suelo Urbanizable no es competencia estatal. Además, en el artículo 50 la Ley de Montes es muy proteccionista, al manifestar que las comunidades autónomas tienen que garantizar la reforestación y que queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante los próximos 30 años, salvo excepciones de interés público.
Asimismo, parece claro que en Extremadura la presión urbanística nunca sería la causa de los incendios, pues en las zonas rurales la única presión urbana se concentra en los cementerios. En esta región nunca ha habido intensidad constructiva en los pueblos, todo lo contrario: emigración, envejecimiento, mortalidad, abandono de las actividades económicas, etc. Quiero incidir que la recalificación de suelo corresponde a los ayuntamientos con el consentimiento de la comunidad autónoma, no al Estado, con la ventaja de que la nueva Ley 10/2015, del Suelo y Ordenación del Territorio extremeña, permite las construcciones aisladas en explotaciones mínimas de 1,5 hectáreas e impidiendo al mismo tiempo la creación de núcleos, por lo que no hay necesidad de quemar para construir. Consecuentemente, el problema de los incendios radica en la ausencia de una gestión integral, que debe ser enmarcada en sus directrices territoriales, dada la correlación existente entre dimensión de los incendios y despoblación, junto a la falta de actividad en el mundo rural.
Los incendios pueden ser mitigados mediante una gestión racional e inteligente del bosque (desbroces del matorral, entresacas de leñas, uso del caprino para el ramoneo.) y no con medidas ultra-proteccionistas que impiden la construcción de cortafuegos y pistas forestales, no permiten quemar en primavera la vegetación de los muros de piedra que actúan como mechas, ni aceptan crear perímetros de seguridad en torno a los pueblos. Inclusive declaran zonas protegidas (LIC) a muchos lugares, como la Sierra de Gata, que no constituyen hábitats singulares, raros o excepcionales.
Igualmente, la propagación y dimensión de los fuegos debe corregirse con la plantación de especies autóctonas de frondosas que no son tan inflamables. También hay que acabar con las repoblaciones intensivas que ocupan una gran extensión de mancha forestal homogénea, intercalando, a modo de mosaico, otros aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que limiten la expansión del fuego para su mejor control.
La Ley de Montes, insisto, no tiene nada que ver con la aparición de incendios este verano, como apuntan ecologistas y jubilados, además de por las razones aducidas, porque otros fuegos similares al de la Sierra de Gata ocurrieron en los últimos años en Extremadura (Valencia de Alcántara, 2003; Las Hurdes, 2003, 2009 y 2012; Las Villuercas, 2005, etc), y aún de mayores proporciones en los años 90.
En Portugal no tienen una Ley de Montes y, sin embargo, está ardiendo por los cuatro costados, al igual que California ahora o Australia en su temporada veraniega. El fuego no se puede evitar en las zonas mediterráneas, es inherente a este tipo de bosques (de largas sequías y altas temperaturas estivales), ya sean provocados, por negligencia o por causas naturales.
Lo que parece evidente es que las políticas conservacionistas que no permiten muchas labores tradicionales son responsables, en buena medida, de que este tipo de incendios alcancen proporciones desconocidas cinco décadas atrás, cuando no existían ni retenes permanentes ni hidroaviones ni tecnología satelitaria, etc. En los años 60, la superficie media anual quemada en España era de 38.000 Ha., mientras que en lo que va de siglo se ha triplicado, llegando a las 130.000 hectáreas por año.
Por consiguiente, es el momento de un debate sereno y científico, con más profesionales y menos chamanes ambientales.
