De ese modo, se rompería con el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad.
Los polleros obtienen ganancias anuales en promedio de 7, 500 millones de dólares.
A cada indocumentado les cobran de 4 mil a 15 mil dólares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal legislar el tráfico de indocumentados, a fin de romper con el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad, así como combatir con eficiencia el tráfico de personas.
Por ende, que se legisle para que el delito de tráfico de personas sea perseguido de oficio y, en consecuencia, deje de ser requisito procedimental la presentación de una querella por parte del Instituto Nacional de Migración. Ello contribuirá a la realización de investigaciones imparciales más amplias y efectivas para sancionar la colusión y la corrupción de agentes de la autoridad, insistió el ombudsman nacional.
Refirió que las bandas de “polleros” nacionales e internacionales se disputan cada año en México el “manejo” de alrededor de 500 mil migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, quienes les representan extraordinarias ganancias, ya que por cada persona suelen cobrar entre cuatro mil y quince mil dólares para trasladarlos a los Estados Unidos de Norteamérica.
Las ganancias del tráfico de personas son sólo comparables con las del tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico. Para este Organismo nacional es fundamental que se fortalezca la figura de protección de testigos y que la protección a las personas sometidas a tráfico se homologue con la que por ley deben recibir la víctimas de Trata de Personas.
La CNDH estima conveniente que se incorpore al marco jurídico lo establecido en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, ratificado por México en 2003. Por ejemplo, tipificar como parte del delito de tráfico de personas la tentativa de comisión de éste y la participación o dirección en las organizaciones criminales, así como que se considere agravante el poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o someterlos a tratos inhumanos o degradantes.
En opinión de esta Comisión Nacional, los lamentables y recientes hechos delictivos con motivo del tráfico de personas de nacionalidad cubana, la proliferación de este delito y la condición de extrema vulnerabilidad de los migrantes en México son indicativos de fallas en una política migratoria de Estado clara y pública, y subrayan el rezago de nuestro marco jurídico, construido para una realidad que ha sido rebasada por una mucho más compleja y crítica.
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